¡QUE NO NOS RECORTEN EL FUTURO!

Por una educación de calidad, con equidad y con participación

Justificado en la crisis económica, venimos presenciando cómo diversas administraciones públicas vienen aplicando recortes progresivos a la inversión en educación. Iniciamos el año con recortes en los presupuestos de educación, a los que se vienen sumando más y más medidas de reducción en personal, ayudas a material escolar o subvenciones a asociaciones estudiantiles y AMPAs por diversos gobiernos autonómicos. Desde CANAE manifestamos nuestro más rotundo rechazo a estos recortes, que no hacen sino atacar el derecho que tenemos los y las estudiantes a una educación de calidad, en equidad y con participación, que nos asegure un futuro digno.

Todas estas medidas suponen un claro deterioro de la calidad del Servicio Público Educativo. Las reducciones de personal docente están implicando la eliminación de desdobles, el aumento de ratios e incluso profesorado impartiendo materias para las que no está preparado. La falta de inversión hace peligrar programas de seguimiento y refuerzo escolar necesarios para combatir los altos niveles de fracaso y abandono escolar temprano. Los recortes al presupuesto de los centros implican, por ejemplo, falta de recursos materiales para prácticas en Formación Profesional o la desaparición de actividades complementarias.

Las universidades españolas sufren fuertes recortes en sus presupuestos. Esto adquiere mayor gravedad si recordamos que España está terminando de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, un proceso que, una vez asumido que requiere de un esfuerzo extra de recursos, está en serio riesgo dada la evidente carencia de los medios necesarios para su implantación. Aumentan las ratios y se reduce la oferta cuando aumenta la demanda.

Se recorta en ayudas al estudio, libros y material escolar y se reduce la calidad, poniendo en juego la educación como garantía de equidad social, como compensador de unas desigualdades sociales que se vienen acentuando con la crisis. ¿No es ahora más que nunca cuando debemos reforzar las medidas que garantizan el acceso universal a la educación, especialmente para las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social?

Pero además, todas estas medidas han sido tomadas por los diferentes gobiernos de forma unilateral, ignorando el derecho a la participación de la Comunidad Educativa y la Comunidad Universitaria en la política educativa, IGNORÁNDONOS. Eso, mientras se ahoga económicamente al movimiento asociativo de estudiantes, padres y madres con los drásticos recortes a sus subvenciones. ¡La participación también es inversión educativa y un derecho constitucional!

Diversos estudios, de OCDE, UNESCO o la UE entre otros, han constatado que el crecimiento económico, social y cultural depende incuestionablemente de la calidad de la educación. Que la idea de Europa como “economía competitiva basada en el conocimiento” sea algo más que un eslogan depende de una apuesta real. De nuestra educación dependen las y los profesionales del presente y del futuro, y en definitiva el futuro del país, nuestro futuro. España necesita ahora más que nunca de la formación, para preparar ciudadanos y ciudadanas cualificados para salir de la crisis.

Por todo ello, desde CANAE reclamamos a las Administraciones Públicas:

Que finalice la consideración de la educación como un gasto para la sociedad, puesto que se trata de una inversión en desarrollo social, cultural y económico. Así pues, exigimos la exclusión de la educación de las políticas de ajuste del gasto público y, por lo tanto, solicitamos la paralización y marcha atrás de los recortes en inversión educativa por parte de las administraciones públicas.

Alcanzar de una vez un Pacto de Estado por la Educación, que implique a todas las

Administraciones y a la Comunidad Educativa, y que conlleve un compromiso de inversión en educación para alcanzar el 7% del PIB y un 2% en universidad.

El incremento y la garantía de las becas y ayudas al estudio como instrumentos para la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Abrir procesos de diálogo para la toma de las decisiones en política educativa, con la participación de todos los sectores implicados, entre ellos los y las estudiantes.

Que se acabe con la asfixia económica a la que se está sometiendo a las organizaciones de estudiantes y de padres y madres en todo el Estado, dotándolas de los recursos necesarios para seguir funcionando y realizar su labor.

La educación es un derecho ciudadano fundamental reconocido en nuestra Constitución. Los recortes en esta materia afectan a toda la Comunidad Educativa, y por ello toda la Comunidad Educativa tiene que luchar unida contra ellos. Es el momento de dejar a un lado las diferencias para defender una educación de calidad, con equidad y con participación.

ESTÁ EN JUEGO NUESTRO FUTURO, Y EL FUTURO NO ADMITE RECORTES.